Superintendencia de Medio Ambiente instruyó medidas urgentes ante la eventual responsabilidad de la empresa, en un hecho que afecta la biodiversidad del área.

El 7 de abril, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) llegó hasta el recinto tras la información de la empresa por la muerte de las especies. Se trataba de 105 especímenes de Leucocarbo bougainvillii, conocido comúnmente como Cormorán guanay, cuyos cuerpos habrían sido encontrados en los pozos de aducción del proyecto.

Felipe Sánchez, jefe de la oficina regional de la Superintendencia de Medio Ambiente, señaló que “la empresa el 7 de abril notificó al SAG de la muerte de aves, por posible gripe aviar. Eran más de cien aves, SAG asistió al lugar y tras los análisis y el 11 de abril le informó a la empresa que la muerte se debió a otras razones y también a nosotros porque eventualmente podría haber un daño ambiental. A partir eso nosotros investigamos y comprobamos que producto del sistema de aducción de agua de mar, las aves ingresaron al sistema, quedaron encerradas en un pozo lo que significó que con el tiempo murieran porque no pudieron salir. El sistema en sí le generó un impacto”.

Además, Sánchez agregó que después de primer evento ocurrido la primera semana de abril, la empresa informó de un segundo episodio donde fueron encontrados más de 20 aves muertas.

La empresa deberá presentar un proyecto de medidas de control a ser implementadas para evitar el ingreso de especies a los sistemas de aducción. Esto se deberá considerar una una revisión del estado de los barrotes instalados en los puntos de succión, y su refuerzo de ser necesario, un sistema de vigilancia y rescate constante en los pozos de aducción, de forma que apenas sea detectada la presencia de algún animal en su interior, el mismo pueda ser retirado acorde a los procedimientos que el SAG define para la materia; y una sección que se encargue del evento de fallecimiento de las especies que ingresen al sistema de aducción, en el que se deberá considerar la realización de una necropsia para determinar las causas que llevaron a la muerte del especímen.

Las medidas deberán ejecutarse dentro del plazo de 60 días hábiles contados desde la notificación de la resolución. “Debido a que se constató un daño ambiental de una especie en categoría de protección, hay una afección directa sobre la especie. Además, se comprobó que el proyecto cuando se evaluó ambientalmente nunca se previó que el sistema de aducción pudiera generar un impacto. A raíz de esto, se ordenaron medidas urgentes y transitorias, obligamos al titular para evitar que el daño siga ocurriendo”, concluyó Felipe Sánchez, jefe de la oficina regional de la Superintendencia de Medio Ambiente.